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Nueva Nota aclaratoria del Obispo de Córdoba respecto a Cajasur

especialmente tras la aprobación en el Consejo de Administración, el pasado 3 de diciembre, de una propuesta de modificación de los Estatutos de la Caja

Fecha: 10/12/2002. Publicado en: Boletín Oficial de la Diócesis de Córdoba, X-XII de 2002. Pág. 251



Los últimos acontecimientos en torno a CajaSur, y especialmente la aprobación el pasado 3 de diciembre de una propuesta de modificación de los Estatutos de la Caja, así como diversas intervenciones de algunas personas en los medios de comunicación en relación con mis actuaciones, me obligan de nuevo, como Obispo de Córdoba, a clarificar ciertos extremos importantes de este asunto en relación con la Iglesia.

Hago pública esta nota con disgusto y dolor, y sin otro interés que el bien y la libertad de la Iglesia, y la prevalencia de la verdad y la libertad en la sociedad cordobesa. Este es el único medio que tengo, ante la intoxicación permanente que se hace a la opinión pública desde la presidencia de CajaSur, para defender el sentido eclesial del pueblo cristiano y el ministerio apostólico, así como para defender el sano sentido moral de los fieles y de muchas personas no creyentes de buena voluntad.


I. TRES PUNTOS CENTRALES

1.
El canónigo Presidente de CajaSur, o los restantes canónigos Patronos de Fundación, que representan a la Iglesia en la Caja, no pueden tomar decisiones que afectan profundamente a la Iglesia, ignorando el parecer y la sumisión a la instancia inmediata de la autoridad de la Iglesia, que es el Obispo Diocesano. Y, sin embargo, no se me ha pedido el parecer sobre la adscripción a la Ley financiera, y no se me ha solicitado, sino de una forma del todo inadecuada, y que impide a la Iglesia actuar con responsabilidad (al intentar ya condicionarla desde las decisiones tomadas en los órganos de gobierno a instancia de alguno de los Patronos de Fundación), el parecer sobre los nuevos Estatutos. Al dar estos pasos se ha desobedecido formalmente a mis reiteradas comunicaciones por carta en el curso del año 2001 al canónigo Presidente de la Caja diciéndole que no podía tomar iniciativas que comprometiesen al futuro de la Caja (en tanto afectasen a los derechos de la Iglesia en ella), sin la autorización expresa del Obispo de Córdoba. En el caso de que esa autorización hubiera sido pedida para las decisiones que ahora se han tomado, el Obispo de Córdoba hubiera sin duda obrado en comunión con los otros Obispos de Andalucía, o con otras instancias de la Iglesia, como ha hecho siempre, notoriamente en el caso del recurso ante el Tribunal Constitucional con motivo de la promulgación de la Ley de Cajas Andaluza. Pero esas cartas mías al canónigo Presidente no fueron nunca respondidas, ni fueron puestas en conocimiento de los demás Patronos de Fundación, ni su contenido ha sido tenido en cuenta para los pasos ahora dados.

2. No pueden legítimamente unos sacerdotes vincular una institución como CajaSur, que es ciertamente civil, pero que inevitablemente implica a la Iglesia en sus decisiones públicas (precisamente porque sus directivos son sacerdotes, y además porque la Caja ha cultivado en su provecho durante muchos años una imagen pública de tal identificación con la Iglesia que ha confundido gravemente la conciencia de muchas personas), con un determinado partido político, sea el que sea. Tampoco pueden, en virtud de esa vinculación, crear un conflicto institucional de la Iglesia con las administraciones públicas locales o regionales de la gravedad del que se está creando aquí, o del que ya se ha creado, implicando con falsedad al Obispo, y por tanto a la Iglesia, a pesar de que no se ha contado con él en ningún momento del proceso, y a pesar de que se ha tratado de engañar a la opinión pública y a otras instancias respecto a su posición, que sin embargo el Obispo nunca ha expresado.

3. El resultado es una situación de escándalo público muy grave, y de deterioro de la imagen de los sacerdotes y de la Iglesia para muchas personas de buena voluntad. Debo decir, sin embargo, que, a pesar de la importante intoxicación de la opinión pública, la libertad y la autoridad moral de la Iglesia en Córdoba han salido fortalecidas, y la distinción entre la Iglesia y la Caja, que la Presidencia de la Caja ha tratado siempre en Córdoba de confundir en su beneficio, se ha clarificado no poco.


II. ALGUNOS COROLARIOS IMPORTANTES

4. El escándalo no lo han creado mi nota o mi carta. A la nota del 14 de noviembre dio lugar en primer lugar la divulgación, el 30 de octubre, del asunto de la póliza de seguros, que es escandalosa al margen del problema de su legalidad; y a la publicación de mi carta del pasado día 2, unas actuaciones que, manipulando el parecer del Obispo, hacen que la Iglesia aparezca ante la sociedad cordobesa o andaluza como vinculada a los intereses de un partido político. Eso no es cierto, no corresponde ni a la naturaleza ni al magisterio de la Iglesia, y no corresponde a la realidad de la Iglesia hoy. Cuando en la historia esa vinculación ha sucedido, a costa siempre de la libertad de la Iglesia respecto del poder temporal, se ha hecho siempre un gravísimo daño a la Iglesia y a su misión, y con ello, también a la sociedad civil. De ello tenemos muchos ejemplos en la historia, algunos no lejanos.

Previo a todas estas circunstancias recientes, hay en muchos fieles cristianos de Córdoba, desde un sano sentido de la fe, una conciencia permanente de escándalo por el hecho de que unos sacerdotes sean ejecutivos de una empresa financiera, y dediquen mucho de su tiempo a actividades y tareas poco compaginables con lo que la Iglesia entiende y enseña acerca del ministerio sacerdotal. A esa conciencia de escándalo hacía yo referencia ya en mi nota del 29 de noviembre de 1999, cuando expresaba el deseo de la Iglesia, recogiendo el sentido de la fe del pueblo cristiano de Córdoba, “de adecuar mejor” para el futuro “los modos de su presencia en la Caja a la evolución de los tiempos, y a las exigencias pastorales de su naturaleza y de su misión, tal como los definen el magisterio y la disciplina de la Iglesia”.

5. No hay ninguna justificación para la urgencia con que se ha convocado el Consejo de Administración, o para hacer público que los nuevos Estatutos los ha de aprobar la próxima Asamblea de este mismo mes de diciembre. La Ley Financiera, que es una Ley Básica, da seis meses para la modificación de Estatutos; y esos seis meses es tiempo suficiente para todos los pasos que habría que dar si se quieren dar con la seriedad que la Iglesia como institución requiere, en un asunto en que está tan en juego su apreciación pública. Es necesario repetir que este asunto afecta de modo muy importante a la justa comprensión pública de lo que es la Iglesia, independientemente de la naturaleza civil de la Caja, por el hecho de que son sacerdotes quienes tienen en ella el poder ejecutivo; pero también porque la imagen pública “cultivada” desde la presidencia de la Caja en los últimos decenios es que Caja e Iglesia se identificaban; y por último, debido también al recurso ante el Tribunal Constitucional con motivo de la Ley de Cajas de Andalucía, solicitado por los Obispos de Andalucía a petición mía. La prisa obedece sólo a los intereses de un partido político y del canónigo Penitenciario Presidente de la Caja, utilizando ambos a la Iglesia. La Iglesia no puede ser arrastrada a la fuerza y sin posibilidad de actuación responsable en un proceso así.

Viendo esa prisa a la luz de la trayectoria de la presidencia de la Caja en las últimas décadas es muy difícil evitar la impresión de que ésta ha estado alimentando conscientemente una ambigüedad en virtud de la cual, ante la autoridad civil, la Caja se refugia en su derecho especial, mientras que, ante una eventual intervención eclesiástica, del propio Cabildo o de la autoridad diocesana en orden a clarificar las relaciones entre la Iglesia y la Caja, y a proteger mejor a la Iglesia de eventuales actuaciones de la Caja que pudieran comprometerla, se apelaba a su naturaleza civil.

6. Tales modos de comportamiento en un asunto de tanta trascendencia son moralmente reprobables, y no se pueden justificar en una perspectiva cristiana, pero ni siquiera desde lo que suele llamarse ética profesional o seriedad institucional. La manipulación y la presión llegan a veces a extremos tales que se puede hablar de una verdadera obstrucción del ejercicio legítimo del ministerio episcopal.

7. No es cierto, como se está diciendo, que de haberse seguido mis indicaciones la Caja caería irremisible e inmediatamente en manos de un determinado partido político. Esto es una intoxicación a la opinión pública, y una prueba más de que los intereses que ahora están en juego son ante todo intereses políticos y personales.

8. Tampoco responde a verdad, y es otra intoxicación, la insistencia desde otros ámbitos en la doble fundación de la Caja, además de por el Cabildo, por la Diputación Provincial. La fusión del año 1995 fue una fusión por absorción, como es público y notorio, lo que tiene las consecuencias jurídicas que se saben, con independencia de cuál fuera, en ese momento, la situación económica de ambas instituciones financieras.

9.
Y, sin embargo, la adscripción a la Ley Financiera, y la aprobación de los nuevos Estatutos (todo ello sin la anuencia del Obispo Diocesano), tal como se está haciendo, con una brusca modificación de los Estatutos que priva, sin posibilidad de apelación, de sus derechos históricos a los Ayuntamientos o a la Diputación Provincial, en función simplemente de un texto positivo que lo permite (y redactado ad hoc, mediante pactos del canónigo Penitenciario Presidente de la Caja con un partido político, para soslayar un ámbito competencial considerado hostil), no puede sino ser percibido por una parte importante de la sociedad como una apropiación voraz, por parte de unos canónigos y de “la Iglesia”, de unos bienes y de un centro de poder grande como es CajaSur. En la entidad CajaSur, fundada por el Cabildo de Córdoba, han estado durante años tanto la Diputación como los Ayuntamientos. El modo de actuar que se ha puesto de manifiesto en estos días se parece demasiado a procedimientos de abuso y de utilización alternativa del derecho, al margen de la justicia y de la equidad, que la Doctrina Social de la Iglesia y el sano sentido moral condenan con razón cuando se dan en otras instituciones. Esos procedimientos producen irritación extrema en no pocos ámbitos, y excitan y justifican el odio a la Iglesia. Son, en todo caso, impropios de la Iglesia o de sus instituciones, y de quienes la representan, y especialmente si se trata de personas marcadas con el carácter sacerdotal. No pueden servir más que para hacerla daño en su misión sagrada y en su libertad.


III. PROPUESTAS DE FUTURO.

10.
La situación, sin embargo, no puede permanecer en un impasse semejante, ni degenerar en un conflicto institucional mal cerrado, que deje en una situación de enfrentamiento permanente de la Junta de Andalucía con la Caja, de no pocas consecuencias para la Iglesia, o con la Iglesia misma. Ese no es el mejor marco para defender los derechos de la Iglesia, ni en éste ni en otros campos de mucha mayor trascendencia para la vida de los hombres. El método propio de la Iglesia en relación con las instituciones civiles o con las administraciones públicas es el respeto y el diálogo, con la firmeza que sea adecuada a la naturaleza del bien que se defiende. Los derechos, en todo caso limitados, que la Iglesia tiene en la Caja, no pueden defenderse, como se está haciendo en estos últimos pasos dados, ni a cualquier precio ni de cualquier manera, y de ningún modo a costa de otros bienes mayores de los que la Iglesia es portadora.

11. Por otra parte, es imprescindible abandonar ese estilo de utilización del derecho al que ya nos hemos referido, y que busca permanentemente huir de un derecho general o común, y protegerse con un derecho creado de propósito, para soslayar controles y no estar sujeto a intervenciones (canónicas o civiles). Es preciso abrir un cauce de diálogo en libertad que, sin mengua alguna de los derechos que el ordenamiento del Estado ha concedido históricamente a CajaSur, proporcione a ésta un marco legal estable, fuera de posibles avatares o contiendas políticas, en que prima el valor seguridad jurídica, tan esencial para las instituciones crediticias.

12. Hay que buscar, pues, una salida para la situación que tenga en cuenta todos los factores y todas las circunstancias implicados, que evite ulteriores daños a la Iglesia y que salve a la vez sus derechos en la Caja. Sólo puedo hablar en nombre propio, pero tengo la impresión de que una solución de diálogo institucional en continuidad con lo que se proponía en mi nota del pasado 14 de noviembre sería bien recibida por la autoridades civiles interesadas en la Caja. Para que puedan darse pasos, en cualquier caso es imprescindible:

1ª. Que los Patronos de Fundación, Canónigos del Cabildo Catedral de Córdoba, cumplan ahora las condiciones puestas por el Obispo Diocesano en su carta del pasado 2 de diciembre, y en particular aquella según la cual “los Patronos de Fundación han de asumir el compromiso formal de no excitar la competencia de CajaSur para la adopción de acuerdos relativos a los Estatutos que completen la vía ya iniciada de adscripción o acogimiento de Cajasur a la nueva situación de distribución competencial creada por la Ley Financiera”. De otro modo, unos sacerdotes imponen a la Diócesis de Córdoba y a su Obispo la solución a un tema que afecta profunda y gravemente a la Diócesis sin su consentimiento, mediante los hechos consumados, la manipulación y el ejercicio múltiple de la presión con todos los medios de que se dispone desde la Caja. Asumir este compromiso, a pesar del Consejo celebrado tan precipitadamente el 3 de diciembre, le es todavía perfectamente posible al Presidente de la Caja, como todo el mundo sabe, si verdaderamente quiere actuar desde la comunión y el espíritu de la Iglesia, y por el bien de la paz y del diálogo institucional.

2ª. Inmediatamente después, pero antes de la ya anunciada Asamblea (para permitir a los Patronos que, ante las nuevas circunstancias, puedan desdecirse de sus afirmaciones con arreglo a las cuales los Estatutos los aprobará la Asamblea el 28 de diciembre), el Obispo llevaría a cabo una doble actuación:

- Apertura de un diálogo institucional, dentro del plazo previsto por la Ley Financiera, con instancias del Gobierno Central y de la Junta, con los órganos rectores de la Caja y el Cabildo, y con una propuesta de posible creación de una comisión que estudie la pertinente distribución competencial en relación con una Caja de la Iglesia, en concreto fundada por una institución de la Diócesis de Córdoba.

- Puesta en vigor de una norma canónica por la cual se protegen los derechos de la Iglesia en la Caja, pero se modifican los modos de su presencia en ella, salvaguardando mejor la naturaleza del ministerio de los sacerdotes, de acuerdo con la disciplina y la tradición de la Iglesia.

† Javier Martínez
Obispo de Córdoba

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